El nuevo Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025 – 2027, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 de septiembre, redefine las prioridades de la actuación inspectora para los próximos tres años y anuncia un refuerzo del control en prácticamente todas las áreas clave de la gestión laboral. Para las empresas, esto significa que los próximos años no serán precisamente tranquilos en materia de cumplimiento normativo.
Conocer el contenido del Plan no es solo recomendable, es imprescindible para anticipar riesgos, revisar procesos y prevenir sanciones. Los principales puntos del Plan incluyen:
- Derechos laborales y jornada: Intensificación del control sobre contratos, fijos-discontinuos, períodos de prueba y extinciones. La inspección también vigilará la subcontratación y posibles cesiones ilegales. El registro de la jornada y la correcta aplicación de la desconexión digital serán observados con detalle.
- Seguridad y salud laboral: Creación de planes específicos para prevenir accidentes graves y mortales, inspecciones en sectores con mayor siniestralidad, vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de salud y control de la exposición a agentes peligrosos como sustancias cancerígenas o mutagénicas.
- Igualdad e inclusión: Revisión de medidas y protocolos LGTB, cumplimiento de las cuotas para personas con discapacidad y control de cualquier discriminación por sexo, raza, edad u orientación sexual. También se reforzarán las inspecciones para asegurar que los planes de igualdad obligatorios estén correctamente aplicados.
- Empleo no declarado y fraude: La ITSS realizará cruces de datos fiscales y de Seguridad Social para detectar trabajo no declarado, falsos autónomos y jornadas fraudulentas en contratos parciales.
- Seguridad Social y cooperación internacional: Control del cumplimiento de cotizaciones y prestaciones, supervisión de bonificaciones y refuerzo de la cooperación internacional para combatir el fraude transnacional.
El nuevo Plan de la Inspección de Trabajo 2025–2027 deja un mensaje claro: los próximos años implicarán más control, más burocracia y menos margen de error para las empresas. La ampliación constante de campañas convierte cualquier detalle administrativo en un posible foco de sanción. No se trata de una simplificación del sistema, sino de una presión añadida que obliga a las organizaciones a invertir tiempo y recursos en cumplir requisitos cada vez más minuciosos y difíciles de prever.
En este contexto, la mejor defensa es la anticipación. Las empresas necesitan revisar procesos, reforzar documentación y poner orden antes de que llegue la inspección. Es un escenario exigente y poco amable, pero no afrontarlo solo aumentará riesgos y costes.
